– Representan un ejercicio verdadero para rendir cuentas a la sociedad transparentando todas aquellas sanciones que sean impuestas.
El Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de México, en cumplimiento del compromiso adquirido con la sociedad a partir de la reforma judicial de 2025, emitió los Lineamientos para el funcionamiento del Registro de Personas Servidoras Públicas y Particulares Sancionadas, instrumento que permitirá concentrar y dar seguimiento a las sanciones firmes impuestas por responsabilidades administrativas.
Dichos criterios son ejemplo tangible del compromiso, trabajo y esfuerzo constante no sólo de las y los magistrados titulares, sino también de todos aquellos servidores judiciales que conforman el Tribunal de Disciplina Judicial.
Representan un ejercicio verdadero para rendir cuentas a la sociedad, transparentando todas aquellas sanciones que sean impuestas tanto a los servidores públicos judiciales como a los particulares sujetos a las mismas; dotan de certeza jurídica las sanciones emitidas siendo un gran paso para que la sociedad conozca el desempeño de las y los servidores judiciales.
El nuevo sistema incluirá información de personas servidoras públicas con funciones jurisdiccionales y de particulares sancionados, permitiendo la emisión de constancias de sanción o no inhabilitación para efectos de contratación en el servicio público.
Asimismo, se prevé una versión pública simplificada que contendrá datos como el nombre de la persona sancionada, el cargo desempeñado, la falta administrativa cometida y la sanción impuesta, cuyo propósito fundamental es la cercanía con la sociedad pues este formato permite su fácil comprensión por cualquier ciudadano.
Un avance significativo en beneficio de la ciudadanía y al aparato gubernamental es que el Tribunal podrá expedir constancias de sanción o de no inhabilitación a las instituciones públicas que pretendan contratar personal, con la finalidad de verificar antecedentes administrativos de quienes aspiren a ocupar cargos dentro del servicio público, en congruencia con la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y las leyes locales de la materia.
Con este acto, el Tribunal de Disciplina Judicial sigue demostrando su compromiso con la sociedad no solo para sancionar a los servidores públicos judiciales que incumplan con sus obligaciones sino también para prevenir que dichas conductas se susciten.
